LA EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL Y EL NUEVO COMPLIANCE LEGAL ESCOLAR

LA EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL Y EL NUEVO COMPLIANCE LEGAL ESCOLAR

¿Deben las escuelas contar con un Aviso de Privacidad? ¿Son responsables las escuelas por los casos de bulliyng o cyberbullying entre los alumnos? ¿Existe responsabilidad penal para la escuela por la comisión de un delito? ¿Es obligación el resguardo de información confidencial? ¿Pueden los alumnos utilizar sus teléfonos celulares al interior del salón de clases? ¿Puedo tener vigilancia al interior de un salón de clases?

El rol de las escuelas como la base sobre la que se construye una sociedad es innegable. A las instituciones educativas se les ha conferido una misión que es por demás noble y que, a su vez, implica una enorme responsabilidad. Los educadores tienen el poder de moldear una generación y, con ello, construir nuevas ideologías, generar nuevas dinámicas sociales y enfrentar nuevos desafíos.

La transformación en la educación es un reto que enfrentan las escuelas día a día, desde la forma de enseñar, los métodos disciplinarios, educativos,  hasta el cómo relacionarse con los propios alumnos, padres de familia y personal que labora en los centros educativos.

En México existen diversos marcos normativos que regulan a las escuelas, varios de ellos son observados y aplicados a cabalidad, no obstante, algunos de ellos son poco conocidos, en su mayoría por los recientes cambios legislativos que han afectado a nuestro país, todos ellos derivados del propio cambio e impacto social que han sufrido los diversos ecosistemas escolares.

La construcción de estos ecosistemas -particularmente, ante el auge de las tecnologías de la información- se enfrenta a retos que dificultan su instrumentación. Principalmente, debido a la sensibilidad del trato con menores de edad y las enormes responsabilidades derivadas de que los padres pongan en manos de profesores, directivos y personal administrativo la integridad, desarrollo y educación de sus hijos. Los desafíos, entonces, se ven materializados en el uso cotidiano de herramientas tecnológicas, la protección de la información personal, la desafortunada proliferación del acoso escolar o bullying, así como en los riesgos de las relaciones profesor-alumno.

En la construcción de estos ecosistemas,  no podemos descartar los marcos normativos de reciente aplicación en México, como lo son, entre otros,  la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la cual impone diversas obligaciones tendientes a la protección de la información personal de los alumnos, profesores, personal, etc, asimismo,  las reformas en materia penal en las cuales se prevé la responsabilidad penal para personas morales, o bien, en materia civil el daño moral, sin dejar de lado la importancia del deber de confidencialidad de la información de los alumnos, y la información confidencial propiedad de la escuela, la cual deberá ser resguardada con ese carácter, así como la Ley Federal de Trabajo, en particular en torno al uso de las tecnologías de la información en el entorno laboral.

Para atender estos planteamientos, mitigar los diversos riesgos legales que existen, cuidar la reputación de la escuela y evitar el génesis de conflictos con los padres de familia, estudiantes, maestros y directivos, es indispensable que las escuelas cuenten con reglamentos, lineamientos y políticas , las cuales en conjunto pueden ser consideradas como un “Programa de cumplimiento escolar general”.

En los últimos años los ecosistemas escolares han sido, desafortunadamente, cuna de casos de bullying. Si bien es cierto que estas conductas pudieren generarse por situaciones del entorno familiar, las escuelas tienen el deber de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio efectivo de su derecho a la educación en un ambiente libre de violencia. Sobre todo, ante la negativa potenciación de los efectos del bullyingal utilizar herramientas digitales.

En la sentencia del amparo directo radicado bajo el expediente 35/2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los centros educativos tienen el deber de proteger la integridad de sus estudiantes y establecer las condiciones idóneas para la educación libre de violencia. Este deber se materializa en la obligación de identificar, prevenir, tratar, reaccionar y sancionar conductas que pudieren poner en riesgo el interés superior del menor, así como sus derechos a la dignidad, educación, integridad y no discriminación. De no ser así, la escuela pudiere ser responsable por los daños causados a la víctima de bullying, y de acuerdo a las reformas en materia civil y penal, ser responsables civil y penalmente por dicha conducta.

Pero, ¿qué programas deben implementar las instituciones de educación?, ¿qué medidas deben exigir los padres de familia o tutores?, ¿qué deben hacer las escuelas para cumplir legalmente con los nuevos marcos normativos?

En virtud de lo anterior, se recomienda a las escuelas públicas y privadas integrar un “Programa de cumplimiento escolar general” que cuente por lo menos con los siguientes aspectos:

a) Reglamento Escolar. El cual sirve de eje central del “Programa de cumplimiento escolar general”, de este documento emanan la mayoría de las regulaciones sobre el comportamiento dentro del centro educativo que debe seguir el profesorado y el alumnado.

b) Código de Ética. Es un documento que contiene los principios y valores comúnmente aceptados por la institución, que sienta las prioridades éticas en el actuar de sus miembros.

c) Proceso de Análisis de identificación de riesgos escolares. La institución educativa deberá contar con un proceso que le permita realizar un análisis general de los riesgos que pudieran generarse al interior de la escuela, y una vez llevado a cabo, contar con un plan de acción para mitigar aquellos que se hayan detectado.

d) Protocolo de actuación contra el acoso escolar o Bullying / Cyber Bullying. Protocolo de prevención de cualquiera de las conductas que comprenden el acoso escolar a bullying.

e) Protocolo de recolección de evidencias. En caso de que se tenga conocimiento de un acto de acoso, se deben verificar los hechos de la denuncia, tomando en cuenta todas las pruebas (fotos, videos, correos, testimonios) que comprueben que dicho acto se realizó dentro del centro educativo.

f) Protocolo para la atención y protección al menor. Este documento debe estar basado en los principios de protección al menor implementados por la UNICEF, y sirve de guía para que cualquier miembro de la comunidad escolar conozca como debe ser tratado un menor en el centro educativo.

g) Plan de formación y capacitación. Cada miembro de la escuela debe conocer cómo actuar en caso de detectar un acto de abuso, extorsión o delito, así como del tratamiento de los menores, por eso es importante llevar a cabo periódicamente capacitaciones sobre estos temas:

• Docentes. Capacitaciones y asesoramiento al equipo educativo para detectar situaciones de riesgo o de abuso escolar.
• Alumnado. Brindar información para conocer qué tipo de conductas son consideradas como acoso escolar y saber con que personas deben acudir para tratar el tema.
• Padres o tutores. Asesoría sobre cómo detectar conductas de abuso en sus hijos y cómo coadyuvar con la escuela para manejar la situación.

Dentro de los planes de formación y capacitación, será indispensable considerar la orientación y educación digital. Esta deberá centrarse, entre otros, en  el uso de la tecnología y redes sociales, especialmente en los temas que hoy en día aquejan a los niños y adolescentes de nuestro país, como lo son el groominíg y el sexting.

El Grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales.  Por su parte, el sexting es el envío de mensajes, fotos o videos de contenido sexual por medio de teléfonos celulares. Ambas son consideradas causas de suicidio entre niños y jóvenes en la actualidad, lo cual, su orientación y prevención representa una responsabilidad social para las escuelas a nivel global.

h) Política de Seguridad de la Información. Se recomienda contar con una política de seguridad de la información que permita al personal administrativo, y profesorado, velar por la confidencialidad y seguridad de la información en general de la escuela, alumnos, planes, procesos, etc.

i) Responsiva sobre herramientas de trabajo. Se recomienda que el personal de las escuelas firme una responsiva de aquellas herramientas que son proporcionadas por la escuela, a fin de vincular la herramienta con la persona, en caso de que dicha herramienta sea utilizada para otros fines para los que se le asigno, se podrá responsabilizar a dicha persona.

j) Política Bring Your Own Device (BYOD). Se deberá establecer una política para el caso en que los empleados lleven sus propios dispositivos a su lugar de trabajo para tener acceso a recursos de la empresa tales como correos electrónicos, bases de datos y archivos en servidores así como datos y aplicaciones personales.

k) Sistema de Gestión de Seguridad de Protección de Datos Personales. Este punto es crucial para cumplir con la Ley federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se prevé la elaboración de Avisos de Privacidad, y procesos que permitan proteger y evidenciar el estricto cumplimiento a la ley. Aquí se deberá determinar el flujo de información personal, se deberá realizar un inventario para saber de donde obtengo datos personales, donde los almaceno y que hago con ellos.

l) Contratos de Confidencialidad y Contratos de Adhesión. Los maestros y administrativos del plantel tienen acceso a información confidencial tanto de la escuela como del alumnado, en tal sentido, se debe celebrar un contrato de confidencialidad con ellos, para mantener en confidencialidad cualquier tipo de información, así como un contrato de adhesión, el cuál servirá para adherisrse a los términos y condiciones en la prestación de un servicio a favor del centro escolar que corresponda.

m) Plan de Prevención de Delitos (PPD). A partir del Decreto publicado el 17 de junio de 2016, mediante el cual se establecen los supuestos de responsabilidad penal a las personales morales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es importante contar con un manual que:

• Identifique los riesgos penales en los cuales puede incurrir la institución.
• Establezca políticas y procedimientos para generar una cultura de la legalidad.
• Crea un modelo de gestión de los recursos financieros.
• Gestione un canal de denuncia y los procesos de investigación de las denuncias recibidas.
• Establezca un sistema disciplinario para que los miembros de la institución.

Esto con la finalidad de contar con una política y vigilancia adecuadas, ya que el Código menciona que la inobservancia del debido control sobre actos posiblemente delictivos puede incurrir en responsabilidad penal para las personas morales, como son las escuelas.

n) Nombramiento de un Oficial de Cumplimiento. Para hacer efectivo el cumplimiento de todos los documentos y disposiciones aquí planteados se recomienda nombrar a una persona o asesor (interno o externo) que se enfoque en dar seguimiento a estos temas.

Es fundamental velar por las sanas relaciones entre el personal docente y administrativo con las niñas, niños y adolescentes. Es importante mencionar que, si estas relaciones no son debidamente reglamentadas, se pudieren generar situaciones de riesgo bilaterales. En un primer término, ante la inestabilidad emocional que caracteriza a los adolescentes, la figura del profesor pudiere incidir en su desarrollo personal. Si bien el ideal es que esta influencia sea positiva, pudieren presentarse casos en los que sea lo contrario. De ahí el carácter fundamental de que se concientice al profesorado de la sensibilidad de su rol con sus estudiantes, no solamente para formarlos académicamente, sino integralmente.

Por otro lado, las relaciones profesor-estudiante pudieren extenderse fuera del salón de clases; lo que merece especial atención por parte de los directivos escolares y de las familias. Ante ello, es de suma importancia que se discuta conjuntamente la permisividad de esta clase de relaciones y, evidentemente, sus límites. Adicionalmente, habrá de hacerse hincapié en reglas específicas o -incluso- prohibiciones para la interacción vía redes sociales entre profesores y alumnos.

La importancia de abordar estos tópicos e implementar estas medidas, reside en la responsabilidad de las escuelas de conjugar el cumplimiento de su misión transformadora con el deber de garantizar los derechos y protección de los menores, sobre todo, ante los retos que implica la era digital. Lo que, consecuentemente, permitirá construir ecosistemas que, aprovechando las tecnologías de la información, promuevan el debate de las ideas, el desarrollo científico y el beneficio social.

En Calderón & de la Sierra como expertos en la materia podemos asesorar a los centros educativos en la implementación y desarrollo de estos programas preventivos y correctivos.

Autores:

Luis Mario Lemus Rivero

Socio

Mauricio Sánchez Lemus

Abogado

Julián Pavón Becerril

Abogado

 

 

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